La responsabilidad extracontractual del Estado por actos administrativos ilegales en Ecuador: analisis de sus elementos constitutivos y su aplicación práctica

Resumen

La responsabilidad extracontractual del Estado por actos administrativos ilegales constituye uno de los mecanismos más importantes de garantía de los derechos en el Estado constitucional de derecho. En Ecuador, pese a los avances constitucionales de 2008 y la entrada en vigencia del Código Orgánico Administrativo (COA), persisten dificultades teóricas y prácticas en la configuración de esta responsabilidad, particularmente en la identificación y prueba de sus elementos constitutivos, así como en su efectiva aplicación judicial. El objetivo general de este artículo es analizar los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual del Estado derivada de actos administrativos ilegales en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, evaluando su aplicación práctica a través de la jurisprudencia reciente. Se empleó una metodología jurídico-dogmática de tipo cualitativa, descriptivo-explicativa y propositiva. Se realizó un análisis doctrinal, normativo y jurisprudencial crítico, revisando la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia y de la Corte Constitucional emitida entre 2015 y 2025, complementado con el estudio de casos emblemáticos. Los resultados revelan que, si bien el ordenamiento ecuatoriano ha evolucionado hacia un sistema de responsabilidad predominantemente objetiva basado en la falla del servicio y el riesgo creado, persisten inconsistencias jurisprudenciales en la valoración del daño antijurídico, la determinación del nexo causal y la cuantificación de la reparación integral. El estudio de casos evidencia dificultades probatorias y una aplicación aún restrictiva de la responsabilidad estatal. Se concluye que es necesario fortalecer una interpretación sistemática y progresiva de los elementos constitutivos para lograr una tutela efectiva de los derechos. El artículo propone criterios interpretativos y recomendaciones dirigidas al legislador, la administración pública y los operadores de justicia, con el fin de optimizar la aplicación práctica de esta institución.